De la Junta Revolucionaria de Gobierno -1945-comenzaron a salir las nuevas normas de derecho público, concretadas en decretos-leyes, creando una nueva juricidad con premura. Entre los más significativos de carácter político estuvo el que determinaba que “sus miembros quedaban incapacitados para postular sus nombres como candidatos a la Presidencia de la República y para ejercer ese alto cargo cuando en fecha próxima elija el pueblo venezolano su Primer Magistrado”.
Sucesivos decretos disolvieron los cuerpos deliberantes que habían surgido de elecciones viciadas, y al Supremo Consejo Electoral, integrado por abrumadora mayoría oficialista. A un mes de iniciado el Gobierno, fue designada una comisión encargada de redactar el nuevo estatuto electoral y un proyecto de Constitución, comisión que estuvo presidida por Andrés Eloy Blanco, alta figura de la intelectualidad nacional y de la responsabilidad ciudadana. Los otros eran profesionales del Derecho sin vinculaciones partidistas y algunos de militancia en partidos de oposición (Lorenzo Fernández de Copei, Luis Hernández Solís de URD, Jesús Enrique Lossada, Nicomedes Zuloaga, entre otros). Para el 15 de marzo de 1946 se tradujo en acto legislativo el proyecto para regular el proceso eleccionario.
Ese estatuto electoral es considerado como el más democrático que para entonces se promulgara en América, concediéndosele “a todos los venezolanos mayores de 18 años, sin distinción de sexo y sin más excepciones que los entredichos y los que cumplen condena penal por sentencia firme que lleve consigo la inhabilitación política”. La ingerencia del Poder Ejecutivo en el proceso comicial quedaba reducido a la entrega de los fondos fiscales requeridos para el eficaz funcionamiento del organismo rector de las elecciones. La representación de las minorías electoras quedó garantizada en forma extraordinariamente liberal (cuando un partido no alcanzaba a elegir diputados o senadores en ningún Estado, se sumaban sus votos en todo el país y se le asignaban representantes parlamentarios dividiendo esos votos totalizados por cociente electoral nacional).
Después de esos decretos se desató una campaña electoral de una intensidad sin precedentes en la historia del país. En escasos meses, fueron legalizados 13 partidos políticos, los cuales tronaron los aires con las voces de sus oradores en millares de asambleas públicas, cubrieron de consignas todo pedazo de muro utilizable y fatigaron los tipos de la prensa, en disfrute de una libertad total jamás vista para popularizar sus programas y exaltar sus candidaturas. De esos partidos, tres tomaron la vanguardia en la violenta ofensiva contra el régimen popular y democrático: Copei, URD y el Partido Comunista.
Copei se articuló alrededor de un grupo católico militante, que en los años 36 y subsiguientes colaboró políticamente con el lopecismo. No tuvo actividad visible durante Medina Angarita, y su líder, Rafael Caldera, abandonó una curul en la Cámara de Diputados, después de una fugaz labor, para dedicarse a sus actividades profesionales y a profesar la cátedra de Sociología en la UCV. Fue Procurador General de la Nación en los meses iniciales del Gobierno Revolucionario. Salió de allí para encabezar núcleos políticos más beligerantes, sin interés alguno por los procesos eleccionarios y aliándose con elementos militares descontentos y detener el proceso democrático iniciado.
Unión Republicana Democrática (URD), organizado por Jóvito Villalba, fue integrado por restos del medinismo. Se organizó a toda prisa después del movimiento de octubre. Cabe recordar que fuera de Acción Democrática y el binomio Partido Democrático Venezolano-Partido Comunista en el campo gubernamental, no existían otros partidos en el momento de formarse la Junta Revolucionaria de Gobierno. Años después, Villalba reconocería: “Reconozco que Acción Democrática contaba con una mayoría que le daban sus antecedentes meritorios y dignos en la lucha por la democracia en este país y era el Partido mejor organizado del país. Nadie hubiera podido disputar el triunfo a Acción Democrática”. (Gaceta del Congreso.) Al igual que en Copei, en URD acamparon, junto con gente realmente interesada en la evolución superadora de la vida política nacional, complotistas reaccionarios, implacables enemigos de la fórmula del sufragio libre y nostalgiosos de los sistemas autocráticos de Gobierno.
El Partido Comunista estaba escindido en dos fracciones, coincidentes sólo en atacar al Gobierno. Marchaban contra la democratización de la economía y del Estado, la única posible dentro de las condiciones históricas prevalecientes en Venezuela y en América Latina. Esa obra adolecía a sus ojos de dos defectos capitales: carecer de la apostólica bendición del sanhedrín staliniano y estar conducida por una fuerza política venezolana y americana, reacia a condicionar su conducta a la consigna de importación.
Acción Democrática se enfrentó en la calle, animada de su vieja mística combatiente, a sus adversarios ideológicos de siempre y a los recién incorporados a la liza política. No se burocratizó, sino que sus mejores dirigentes y militantes –con la excepción de quienes desempeñaban varios Ministerios y Gobernaciones de Estado- se quedaron en los rangos de la organización, saludable ejemplo que dieron los dirigentes obreros. Y por no haberse lanzado la militancia de AD sobre el presupuesto como si fuera botín de guerra, a un año de la Revolución podían afirmar que de los 7 mil empleados públicos del Distrito Federal, apenas 300 portaban carnet del partido.
Millón y medio de venezolanos votaron con cívico fervor, fervor filiable con las místicas religiosas. Jamás había votado en Venezuela más de un 5 por ciento de la población y esta vez votó el 36 por ciento. De cada 100 ciudadanos inscritos en los registros, 92 concurrieron a las urnas, y no hubo en el vasto territorio nacional ni un solo hecho de sangre, ni una sola violencia física ejercida contra nadie, para impedirle votar o para torcer su libre determinación.
El volumen de votos que correspondió a cada partido fue el siguiente: AD: 1 millón 100 mil votos (137 diputados bancas); Copei: 180 mil (19 bancas); URD: 54 mil (2 bancas); Partido Comunista: 51 mil (2 bancas)
De los diputados de AD a la Asamblea Constituyente, de los diputados y senadores electos posteriormente, un número apreciable eran dirigentes obreros y mujeres. El Parlamento dejó de ser un reducto exclusivo de profesionales con títulos universitarios y de políticos varones siempre. La opinión nacional y extranjera coincidió en reconocer la limpieza absoluta de las elecciones.
Y cuando voces aisladas objetaron el resultado de los comicios y los derrocados de octubre trataron de llevar agitación al Ejército en nombre de supuestos fraudes, reaccionaron enérgicamente los propios Jefes de las Fuerzas Armadas. Ellos eran testigos calificados, porque un Decreto de la Junta había colocado la supervisión del acto electoral en manos del ejército. Era esa una práctica establecida en Chile, país de tradiciones democráticas; y al acogerla en Venezuela, se quería subrayar el carácter de las Fuerzas Armadas como organismo apolítico y colocado al margen de la discordia interpartidista.
Y por lo mismo que los militares fueron testigos del acto comicial redactaron un documento dirigido a la Asamblea Nacional Constituyente, firmado por la totalidad de los oficiales en servicio activo y para presentarlo, se llegaron hasta el Capitolio, en uniforme de gran parada, los entonces tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, quienes apenas dos años después iban a usurpar y desconocer esa voluntad popular, expresada en los comicios. En ese documento se afirmó, con el énfasis más rotundo que pueda ser usado por colectividad alguna: “La Asamblea Nacional Constituyente es representativa de la voluntad popular, elegida libremente el 27 de octubre de 1946, en comicios que estuvieron bajo nuestra vigilancia y por ello nos consta que fueron llevados a cabo con la mayor pureza.”
Dijo la revista Newsweek (20 de diciembre, 1947): “Por primera vez en su historia el pueblo de Venezuela, hombres y mujeres, ricos y pobres, letrados e iletrados, sin distinción de credos o de color, estaban escogiendo su propio Presidente, sus senadores, sus diputados…todo esto demuestra lo lejos que ha llegado Venezuela, desde que la Junta Revolucionaria asumió el poder. Estas fueron algo más que las más honradas y las más ordenadas elecciones que Venezuela nunca haya tenido. Podrían servir como modelo para cualquier país en el Hemisferio Occidental, sin excluir muchas partes de los Estados Unidos.”
Dijo el Washington Post (17 de diciembre, 1947): “Es particularmente significativo que el más reciente florecimiento de la democracia tenga lugar en Venezuela, cuna de Bolívar, sobre todo si se tiene en cuenta que el férreo control de Gómez y otros dictadores impidió por largo tiempo a ese país realizar la libertad por la que luchó Bolívar. El cambio se debe, en su mayor parte, a la política seguida por el Gobierno de Betancourt desde que la Junta Revolucionaria advino al poder en 1945. Algunos han visto en las simpatías del régimen de Betancourt en pro de los trabajadores una indicación de que estaba inspirado en el comunismo. La mejor respuesta son las realizaciones cumplidas. Con los recursos de la renta petrolera promovió muchas de las reformas internas tendientes a levantar el nivel de vida y a vencer el analfabetismo, medidas que en sí mismas son un antídoto contra el comunismo. La culminación de ese proceso fue extender a las masas, hasta entonces privadas del voto, el derecho del sufragio.”
Dijo el New York Times (20 de diciembre, 1947): “Las elecciones, tal como las conocemos nosotros, eran desconocidas en Venezuela…Ahora todo ha sido barrido, con plenitud dramática y sobrecogedora.”
Dijo El Día de Montevideo (20 de diciembre, 1947): “Los venezolanos ganaron una primera batalla para América al recuperar su libertad política y reafirmar el imperio de la: Ley.”
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